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Un inicio inesperado del proceso abierto en el caso del Fiscal de la CPI contra Ahmad Al Faqi Al Mahdi.

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El día de hoy 22 de agosto de 2016, se dio inicio al juicio ante la Sala de Primera Instancia VII de la Corte Penal Internacional en el caso de la fiscalía contra Ahmad Al Faqi Al Mahdi, por los crímenes de guerra de destrucción de monumentos históricos y religiosos cometidos en Tombouctou en la situación de Mali, durante el periodo del 30 de junio de 2012 y el 11 de julio de 2012.                                                                                                                                                             

El juicio comenzó con la lectura parcial de los cargos en contra del procesado, frente a lo cual este último manifestó haber comprendido los mismos y de inmediato realizó una manifestación de culpabilidad respecto al crimen de guerra contenido en el artículo 8 (2) (e) (iv)  del Estatuto de Roma. Con el fin de determinar la legalidad de dicho reconocimiento de culpabilidad los jueces proceden a interpelar al acusado con el fin de verificar si este ha comprendido la naturaleza y las consecuencias de su manifestación y si este ha sido voluntario y fruto de asesoría jurídica suficiente, tal como reza el articulo 65 (1) del Estatuto de Roma.   

Esta situación constituye un hecho histórico al interior de la CPI, teniendo en cuenta que es la primera vez que un acusado realiza un reconocimiento de responsabilidad evitando consigo, tal como lo manifestaba el juez McDonald y el juez Vohrah en una opinión minoritaria al interior del Tribunal penal Internacional para la Exyugoslavia, un desgaste del aparato judicial internacional:

«Le concept du plaidoyer de culpabilité est en soi un produit spécifique au système contradictoire de la common law qui reconnaît l’avantage qu’il présente pour la communauté. Il réduit en effet les frais, il fait gagner du temps à la cour et il permet d’éviter des désagréments à de nombreuses personnes, en particulier aux témoins. Selon nous, cette institution de la common law qu’est le plaidoyer de culpabilité devrait trouver sa place dans une instance pénale internationale comme le Tribunal international qui connaît d’affaires par nature très complexes et qui exigent nécessairement, lorsqu’un procès a lieu, des audiences très longues dans des conditions financières difficiles. Ces contraintes financières tiennent à ce que les ressources du Tribunal lui sont allouées par l’Organisation des Nations Unies dont les moyens dépendent à leur tour des contributions des États. »[1].

Sin embargo, teniendo en cuenta lo problemático que resulta el hecho de las negociaciones entre las partes a instancias de un tribunal penal internacional, es necesario que la Sala proceda a comprobar la legalidad de dicho reconocimiento, a través de la satisfacción de los siguientes requisitos: a) verificar que los hechos de la acusación sean los mismos reconocidos por el acusado[2], b) verificar si los elementos de prueba presentados por el fiscal han sido aceptados por el acusado. Una vez esto sea comprobado, la Sala de Primera Instancia podrá condenar al acusado, previas consideraciones tanto de la defensa como de las víctimas respecto al reconocimiento de culpabilidad. Si la Sala considera que hechos suplementarios resultan necesarios en el interés de la justicia o de las víctimas, podrá ordenar al fiscal aportar pruebas suplementarias o incluso ordenar el desarrollo normal del procedimiento[3].

En el caso sub judice, aceptando que este reconocimiento de culpabilidad fue consecuencia de un acuerdo entre la defensa y la fiscalía, cuyo contenido es objeto de reserva, resulta necesario que la Sala de Primera Instancia a cargo verifique cada uno de los elementos de legalidad aplicables a este procedimiento, e igualmente que la fiscalía no haya excluido de su acusación cargos de relevancia que hayan podido llegar a ser medianamente comprobados en las labores de investigación. Esto frente a las denuncias internacionales que dan cuenta que otros crímenes de guerra, tales como homicidio o tortura hubieran podido ser conocidos por el acusado, y no fueron incluidos en los cargos a propósito del acuerdo entre las partes.     
 
En el presente caso, la CPI tiene competencia sobre los hechos en atención a que el Estado de Mali ratificó el Estatuto de Roma el 16 de agosto de 2000, el cual entró en vigencia a partir del 1 de julio de 2002, y asimismo Mali ha remitido a la CPI la situación sobre su territorio desde enero de 2012. Adicionalmente, la CPI resulta competente en atención a la nacionalidad maliense del acusado.
 

[1] Erdemovic Arrêt II; 7 octobre 1997; Opinion individuelle présentée conjointement par le juge McDonald et le juge Vorah, pará. 2
[2] Situación que aparece consignada en « Annex 1 to the Version publique expurgée du « Dépôt de l’Accord sur l’aveu de culpabilité de M. Ahmad Al Faqi Al Mahdi », 25 février 2016, ICC-01/12-01/15-78-Conf-Exp », donde tanto la fiscalía como la defensa se ponen de acuerdo frente a los hechos de la acusación.
[3] Articulo 65(4) Estatuto de Roma.